Las dificultades económicas que atraviesan países latinoamericanos, llamados por la derecha, “populistas” (además en algunos casos, “gobiernos dictatoriales”), son aquellos que, por haber adoptado medidas a favor de la gente, son sometidos al estrangulamiento económico, a los atentados golpistas y al desprestigio mediático por parte de las oligarquías afectadas. (Según la Cepal, para el 2012 Argentina había reducido la pobreza al 5%, la más baja de América Latina, mientras que Chile -país del “exitoso liberalismo económico”- estaba por el 11.4%, y, en cambio, Uruguay, en 6.7 %. Más agresivos, además, en mejora de la salud y la educación públicas son los países bolivarianos de Venezuela, Bolivia, Ecuador). Y no porque sean –como pretenden los medios de prensa ligados a esos grandes intereses- políticas “irresponsables”, sin sustento en la productividad, sino que, justamente para promover ésta, se han enfrentado a los grupos de poder económico monopólicos, muy ligados a la economía internacional, que habían devastado la condición de sus pueblos (recuérdese el Caracazo en Venezuela de 1989, o la revuelta popular en Argentina del 2001, contra los gobiernos neoliberales que fomentaron la quiebra de sus países), y que dieron lugar precisamente a que surjan estos gobiernos progresistas.
De manera que, enfrentados a la economía capitalista dominante y global, no les resulta fácil sostener óptimamente sus apuestas económicas y sociales, pues son sujetos de boicot y de asedio constante, salvo que la respuesta sea también global o siquiera regional (de ahí el interés legítimo de Venezuela, Ecuador, Bolivia de hermanarse y querer extender el proceso bolivariano a toda la región, y de países de claros rasgos soberanos como Argentina, Brasil, Uruguay, de tener vínculos con los países bolivarianos y solidarizarse con ellos, además con otros a nivel mundial, que le den socorro y sostén a sus procesos económicos alternativos y rebeldes). Es decir, la soberanía alcanzada por estos países hermanos y los procesos populares de cambio que promueven no se podrán sostener si resisten aislados y sólo en sus contornos nacionales. Y esto es lógico, el contexto dominante es el de la economía capitalista, actualmente en una crisis permanente, que lo que necesita para sobrevivir es, al contrario, extender su voracidad y sus tentáculos, y no precisamente verse amputados, como se ven ante estos países que ya escapan a su control. Esta situación -el estrangulamiento económico y político-, como se ha visto en las experiencias históricas del socialismo, efectivamente, por afán defensivo, puede llevar a la deformación autoritaria, al acomodamiento capitalista (capitalismo de Estado), o simplemente a caer o extinguirse. De ahí la urgencia de la solidaridad regional. De ahí la urgencia de la visión internacionalista de la lucha social. De ahí la urgencia de contrarrestar la continuidad neoliberal en nuestro propio país.
En el Perú, la debilidad de la izquierda –a diferencia de los países latinoamericanos mencionados- no ha permitido gobiernos populares a pesar que el capitalismo actual (el neoliberalismo) sufrió aquí también fuerte agotamiento como en aquellos países (recuérdese la caída estrepitosa de Fujimori, el que implementó aquí ese capitalismo salvaje). Esa precariedad política, organizacional e ideológica de la izquierda sigue permitiendo que –a contracorriente de lo que ocurre en Latinoamérica- se sigan turnando gobiernos neoliberales –tras Fujimori, a pesar del descrédito político, moral, económico, vino Toledo, Alan García, y la decepción mayor, Ollanta Humala, todos promovidos al poder con discursos –obedeciendo al hartazgo popular- contrarios al crudo liberalismo aplicado). Hoy amenazan volver para continuar implementando políticas de ajuste social y promover las ganancias e inversiones monopólicas, fundamentalmente exportadoras de materias primas. Y en un momento en el cual, por la misma crisis sistémica, los precios de las materias primas están a la baja. Estos sectores dominantes no recetan –con sus tecnócratas que han manejado el Ministerio de Economía y Finanzas de todos los gobiernos desde la época de Fujimori- una diversificación económica impulsada desde el Estado para desarrollar la agricultura y sectores industriales pequeños, medianos y grandes, que demandan mano de obra masiva y desarrollarían la producción nacional, sino que recetan más apoyo a sus intereses exclusivos que marchan de espaldas al país. Pero para sostenerse ante la baja de precios de la demanda mundial del que dependen, proponen más ajuste laboral y mayores concesiones que ya le otorga a las inversiones extractivistas la Constitución fujimorista de 1993, constitución que consagra el “libre mercado” -que en realidad es la libertad exclusiva de los grandes negocios para poner al Estado a su servicio, con la reducción de su rol fiscal y social-, la compulsiva privatización de los recursos nacionales y de los servicios sociales, y la “flexibilización” de la legislación laboral. Es decir, un atención servil completa a la plutocracia anti nacional. Y cuando los trabajadores se resisten a esas propuestas de mayores bajas salariales y de mayor precariedad en el trabajo, y las comunidades y pueblos, a la contaminación de las mineras (o petroleras, o gasíferas, madereras, etc.) que explotan con grandes privilegios y complicidad del Estado estos recursos naturales afectando el ecosistema, entonces acusan a estas protestas como las verdaderas trabas que impiden las “inversiones” y el “desarrollo” (llamando a los que componen esta resistencia social como anti mineros, o infiltrados, terroristas).
Por eso es decisivo enfrentar la recurrencia de ese neoliberalismo. Esto pasa por hacer un esfuerzo extraordinario de unidad –proceso nada llano- por parte de las fuerzas sociales progresistas y de izquierda. No descartar la coyuntura electoral en donde estos sectores de derecha y neoliberales se alistan a legitimarse para continuar dirigiendo el país en contra de los intereses mayoritarios. Hay un importante sector ciudadano que nunca optaría por ellos, un tercio que no es manipulable y siempre fue sostén de propuestas de cambio pero que quedó defraudado y traicionado. De no tener una oferta política alternativa, se dispersaría, se perdería. Por eso es una responsabilidad política trabajar por esta coalición alternativa. Aun a sabiendas que puede abrigar en su seno componentes nada inmaculados: oportunismos o personalismos varios, sectores con ilusiones socialdemócratas o de “izquierda democrática” ( que todavía hoy conciben la posibilidad de un capitalismo democrático), y también sectores que se dirían de izquierda radical y, sin embargo, de visión estratégica limitada – movimientos de garra y concepción solamente ecologista, partidos pragmáticos que han perdido la brújula ideológica, etc.- fruto de esa precariedad a que descendió la izquierda en el país. Pero no hay otra realidad. No hay camino servido ni pulcro si queremos arribar a metas mayores. Además estamos en un frente, no es un movimiento de izquierda revolucionaria de algunas experiencias latinoamericanas últimas. La condición necesaria es que, en este proceso de integración y de tensión, propender a construir, con los mejores factores, un frente político más allá del electoral. Pero lo electoral nos convoca en esta coyuntura para avanzar en unidad y en diferencia: en debate político, programático e ideológico. En un proceso de discernimiento.
Habría varias ventajas para el objetivo inmediato: permitiría presentar ante la población un solo candidato, nuevo, alternativo a la derecha, fruto de esa unidad; este candidato (o su sector político), aun si fueran proclives a la connivencia, no les sería tan fácil, serán sujetos de vigilancia y tendrán que responder a este frente y a sus bases (no se repetirá el caso Ollanta que sí fue un jefe tradicional detrás del cual se embarcaron o fueron invitados sectores progresistas a quienes luego fácilmente desconoció y traicionó); la propuesta en estas condiciones –aunque no despegue como se quisiera y no ganara las elecciones ni mucho menos- permitirá acceder a un mayor número de representantes del frente progresista para hacer algún contrapeso a la derecha tradicional.
A condición de propender en este proceso a la construcción de un proyecto de frente político, más cercano a un factor revolucionario, es que debemos asumir la integración y lucha en el frente electoral, respetando las reglas de juego acordadas. Lo contrario sería peor. Lo contrario es eludir una responsabilidad política, defraudar a un emergente contingente social de aspiraciones de cambio social, lo contrario es restar y no sumar; o como en el caso de algunas agrupaciones, caer en el purismo revolucionario; lo contrario es recaer en las taras de secta y dogma que tanto costó a la izquierda, que tanto lo alejó del marxismo dialéctico heredado de los clásicos.
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