Por Jorge Pereyra
Pareciera que la Santa Inquisición y sus procedimientos de juzgamiento aún subsisten en nuestro país.
El “hereje” Gregorio Santos ha sido investigado, en LIBERTAD, hasta la saciedad, durante estos dos últimos años por un ejército de fiscales que no le encontraron nada. Pero ahora el fiscal Walter Delgado pide a la jueza seguir investigando a Santos, pero ENCARCELADO por tres meses, a ver si así le encuentra algo.
Lo que no entendemos es cómo si en más de dos años no lograron nada, en tres meses consigan algo de qué aferrarse. Salvo que lo torturen en el potro de los tormentos.
Naturalmente, la verdadera intención no es juzgar a Santos sino mas bien SACARLO de la contienda electoral regional y dejar así el camino expedito para que se imponga el criminal megaproyecto minero Conga en Cajamarca.
Este proceso judicial es tan patético y caricaturesco como el que le impusieron los españoles a Túpac Amaru II por haber osado rebelarse contra la salvaje dominación de los peninsulares.
Sin embargo, a Alan García, Toledo y Castañeda, no les han iniciado un proceso para detenerlos “preventivamente” pese a toda la evidencia de corrupción que existe en su contra.
Felizmente, existe la justicia supranacional cuando el Estado y la justicia peruana vulneran los derechos de cualquier ciudadano del Perú.
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE GREGORIO SANTOS
Todo juez en el Perú puede dictar prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, según lo que establece el artículo 268.1, del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), sólo si se cumple la concurrencia de tres presupuestos materiales:
1) Que existan fundados y graves elementos para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo
2) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad.
3) Que el imputado trate de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad
En el primer caso, no bastan meras declaraciones o la presentación de libretas de notas de quienes están involucrados en los mismos procesos de investigación (colaboradores eficaces) para forzar la prisión preventiva de un inculpado.
En el segundo caso, un principio universal de justicia establece que todos los investigados son inocentes mientras no se les compruebe lo contrario.
Y en el tercer caso, Santos es candidato a la presidencia regional Cajamarca, ha anunciado su inscripción legal el próximo 20 de junio, tiene familia en Cajamarca, y ha mostrado toda su disposición a colaborar con la justicia durante más de dos años.
Pero si al margen de la ley, se dicta prisión preventiva contra Santos, entonces se comprobará persecución política e intromisión del gobierno en un proceso judicial.
UNA JUSTICIA INQUISITORIA Y FUJIMORISTA
Y si esto sucede, habremos retrocedido a la época de la Santa Inquisición o a la etapa más negra del fujimorismo en la que bastaba cualquier testimonio clandestino de alguien en contra de una persona en particular para que Jueces sin Rostro dispongan el encarcelamiento de la misma.
La Constitución Política del Estado también ampara los derechos de todo peruano en su artículo 2 (inciso 24.b), el cual indica que no se permite ninguna forma de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por ley.
Además la norma vigente señala que “Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito o motivado por el juez (…)”.
Todos los presupuestos materiales deben ser debidamente comprobados, toda vez que un encarcelamiento preventivo es semejante a una pena.
LA JUSTICIA DE LOS PODEROSOS
Sin embargo, vivimos en el Perú, un país donde el poder económico impera y decide cómo se administran las leyes. Así pues, sólo los poderosos o “dueños del Perú” siguen libres, pese a su comprobada participación en acciones irregulares, mafiosas y de violación de los derechos humanos. En cambio, el pueblo y sus dirigentes son cuestionados, perseguidos, encarcelados en incluso asesinados.
El pedido de detención para Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, se suma a las miles de acciones anticonstitucionales que se han aplicado en el país. Muchos han purgado cárceles sin tener responsabilidad alguna y otros están libres pese a que las evidencias son más claras que el agua.
VENGANZA POLÍTICA Y JUDICIAL POR CONGA
Todo el Perú sabe que, desde octubre del 2011, el Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, congresistas, ministros, el grupo mediático concentrado de El Comercio, y hasta el mismo presidente Humala, en complicidad con la CONFIEP, han solicitado la detención de Santos por su conocida “herejía” y postura en contra de la imposición del criminal proyecto minero Conga, inventándole acusaciones y contraviniendo el debido proceso de investigación, lo que a todas luces constituyen actos de intromisión contrarios a la independencia del Poder Judicial.
Y esta venganza política y judicial del régimen se evidencia palmariamente, debido a que de 38 procesos que implantaron en contra de Santos, 35 se cayeron por falta de pruebas. Sin embargo, pese a evidentes presiones del Ejecutivo, mediáticas, y de los grupos de poder económico, hay que resaltar el papel cumplido por algunos fiscales que tuvieron a cargo los procesos, respetaron su ética profesional y los valores formados en las aulas universitarias.
La jueza Mercedes Caballero García, en audiencia dará respuesta al pedido del Fiscal Walter Delgado. La magistrada, en el marco del respeto de los derechos constitucionales y la independencia de poderes, al margen de las presiones del Ejecutivo y de los grupos empresariales, tendrá que basarse únicamente en tres presupuestos materiales concurrentes para ordenar la detención preventiva de Santos.
Por lo tanto, si no se cumplen estos tres presupuestos materiales para una posible detención preventiva de Santos, se atentaría entonces contra la Constitución Política del Estado y los Convenios Internacionales.
El mundo y el Perú esperan una absoluta independencia e imparcialidad de esta jueza.
Fuente: Facebook de Jorge Pereyra
0 comentarios:
Publicar un comentario