NOTA DE PRENSA URGENTE DE TIERRA Y LIBERTAD

Sr. Humala: ¡Alto a la persecución político judicial para favorecer a mineras!

Excelente caricatura: una vez más Oscar Mollohuanca es criminalizado y la fiscal pide 10 años por "delitos contra la seguridad común" cuando, como todos sabemos, se trata de un de los líderes más dialogantes de Espinar. Esperamos que se haga justicia y que esta bravuconada no trascienda gracias a un juez que crea en su propia administración de justicia.Caricatura y texto tomados de Facebok de Rocio Silva Santisteban Manrique

El líder ambientalista y premio internacional de la Paz, Marco Arana expresó su solidaridad con el alcalde de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, quien es víctima de una persecución político-judicial por parte del gobierno de Ollanta Humala por haber buscado diálogo transparente para reformular el Convenio Marco y buscar establecer mecanismos de fiscalización eficientes a impactos ambientales de la empresa minera Xtrata.

Enterado de que la fiscal de Ica, María Ley Tokumori, formuló acusación presentada al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica y Supranacional de Delitos de Convulsión Social, solicitando 10 años de prisión para el alcalde Óscar Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní, bajo el cargo de ser autores de los "delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos", Arana sostuvo que "a la inconstitucional existencia de fueros judiciales especiales se suma el pedido de la fiscal de Ica de establecer penas draconianas y ejemplarizadoras para que ningún ciudadano o autoridad se atreva más a siquiera cuestionar a las todopoderosas mineras", acotó además que "el hecho es preocupante, porque proyecta sobre las empresas mineras un velo de abuso e impunidad que dificulta los cambios que deben ocurrir hacia mejores prácticas sociales y ambientales de las empresas mineras cuyas operaciones son importantes para la economía nacional, pero que no pueden seguir haciéndose sin cambios sustantivos a riesgo de incrementar la ya abultada conflictividad social existente en ese sector".

Como se conoce, Oscar Mollohuanca, alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, buscó por diversos medios el diálogo para la reformulación del convenio marco con la minera Suiza Xtrata. Esta petición nunca fue atendida, ante lo que miles de ciudadanos y sus organizaciones decidieron iniciar acciones de protesta. La represión policial dio como resultado dos personas muertas, Walter Sencia y Rudeciendo Manuel, sin que hasta la fecha se haya individualizado la autoría de quienes hicieron uso de las armas letales.

Marco Arana, también coordinador nacional de Tierra y Libertad, denunció además que "el gobierno humalista viene endureciendo las leyes de criminalización de las protestas que son claramente violatorias de derechos humanos y fundamentales", y ha desatado una verdadera persecución política contra autoridades opositoras o críticas a la imposición de proyectos mineros y petroleros.

Esta criminalización "genera que miles de ciudadanos se opongan cada vez más no solo a la realización de las actividades mineras mismas cuando éstas dañan sus fuentes de agua y afectan sus actividades económicas, sino a la manera abusiva como se vienen imponiendo dichas actividades extractivas, en las que el Estado deja de cumplir su rol de garante de derechos para convertirse en un aliado subordinado de los grandes inversionistas".

Marco Arana, exigió se den a conocer los avances de las investigaciones fiscales sobre las denuncias de torturas y sembrado de armas a los miembros de la Vicaría de la Prelatura de Sicuani, hechos ocurridos en las intalaciones policiales que existen dentro del campamento minero de Xtrata.

Se supo también que la misma fiscal demandó cuatro años de prisión para Ezequiel Quehue Choqueccota, Juan Antonio Huaytapuma, Daniel Condori Vilca, Roger Chullo, Caballero y Romualdo Ttito Pinto, trabajadores del Municipalidad Provincial de Espinar a quienes se acusa del traslado de bombas molotov en movilidad de la misma municipalidad.

Lima, 1ro de Julio 2013